En Colombia, el sector hidrocarburos durante el año 2017 presentó una reactivación importante. Un 60% más de pozos exploratorios perforados -pasando de 21 en 2016 a 54 al cierre de 2017-, gracias a la inversión en exploración, dada entre otras por el aumento en el precio internacional del petróleo, que para 2017 se ubicó por encima de los USD$50 por barril.

Hoy presenta un equilibrio en el precio del mercado, entre USD$60 – USD$70 por barril con referencia al crudo Brent. Para este año se espera seguir creciendo tanto en producción, por encima de los 860.000 barriles por día, como en actividad exploratoria por encima de los 60 pozos exploratorios. Pese a este buen comportamiento, en la actualidad hay al menos 25 intenciones de desarrollar consultas populares en diferentes municipios del territorio nacional, que buscan frenar la actividad, afectando la futura autosuficiencia petrolera y en general el desarrollo económico y social de todos los colombianos. Según estimaciones realizadas en Acipet, de llegarse a presentar este panorama, el país dejaría de percibir no solo los USD$15.000 millones anuales en promedio que genera la industria en materia de exportaciones, sino los USD$7.000 a 8.000 millones promedio que tendría que destinar por año para cubrir las necesidades de importación de petróleo al país, impactando la inversión social, la provisión de bienes públicos y de bienes importados para todos nuestros connacionales. Entendiendo la responsabilidad de la Asociación con sus profesionales y con los colombianos, Acipet y Cenit/Ecopetrol suscribieron un contrato para desarrollar más de 3.000 talleres de pedagogía regional, con los que se busca llegar a más de 600 municipios del país, en un lapso de 3 años, cuyo objetivo es entregar información de primera mano a los colombianos para que, dado el caso, tomen decisiones informadas, con elementos de juicio acerca de la actividad petrolera, sus prácticas, riesgos asociados, políticas sectoriales y empresariales a nivel socioambiental de preservación del medio ambiente y el agua, acceso a recursos generados y el relacionamiento social como objetivos primarios. Estos talleres involucran a las comunidades de las áreas de influencia directa de la industria, los cascos urbanos de los municipios, los estudiantes de secundaria, así como a las autoridades locales y regionales. El proceso de pedagogía inició en diciembre de 2017 y a la fecha se han realizado 210 talleres, se han recorrido cerca de 60 municipios a nivel nacional y se ha logrado llegar a más de 4.700 personas. Se estima que para el resto del año se llegará a 170 municipios más donde se desarrollarán al menos 800 talleres adicionales. En el mismo sentido, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se iniciará un proceso de pedagogía similar en 13 municipios asociados con actividades de exploración y producción, donde hay movimientos para la realización de consultas populares en contra del sector y en los cuales se destacan los municipios con potencial en las actividades de explotación de yacimientos en roca generadora, mejor conocidos como no convencionales. En estos municipios se abrirán espacios de participación con la comunidad y sus autoridades para transmitir la mejor información relacionada con la actividad petrolera. Municipios como Simacota, Santander, Aguachica y San Martín en El César; Guamal y La Macarena en el Meta; Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo en Casanare y Arauca, Saravena y Arauquita en Arauca, hacen parte del recorrido de estos espacios de socialización petrolera. En relación con este tema, Acipet hace un llamado a la Corte Constitucional, para que en la audiencia pública que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de abril, donde se tratará la revisión de los fallos de tutela que abrieron espacio a que las consultas populares pudieran limitar la actividad petrolera y minera en las regiones, halla lugar a un diálogo amplio, abierto, franco, documentado y con una intervención equitativa, para tomar decisiones en derecho y con la mejor información. De este fallo depende en gran medida el desarrollo de la actividad extractiva en el país y dado que se negó la intervención de la Asociación en el audiencia referida, solicitamos sea tenido en cuenta el documento de más de 100 páginas que Acipet presentó en defensa de la industria. Por otra parte, Acipet manifiesta su preocupación con la decisión tomada por la ANLA en relación a la suspensión de las licencias y permisos de todas las actividades de perforación y las actividades de proyectos de recobro mejorado en el Magdalena Medio, luego de la situación desafortunada ocurrida con el pozo La Lizama. En esta región, se han perforado más de 3.000 pozos y se ha producido entre 250 y 300 millones de barriles a lo largo de 100 años de actividad, por lo que no es objetivo afirmar que por principio de precaución deben suspenderse las actividades, sin contar con los análisis y evaluaciones técnicas y científicas que deben caracterizar a dicha autoridad ambiental y respondiendo en gran medida a las presiones mediáticas y de ciertos grupos de interés que vienen manifestando su oposición a la industria petrolera nacional. Nuestra invitación es a que la ANLA abra espacios de dialogo con entidades como la nuestra, quienes como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20 de 1984, estamos en capacidad de brindar apoyo en forma técnica, transparente y objetiva y que permita dilucidar las inquietudes y dudas que se puedan presentar, pero sin que esto signifique una parálisis de la actividad petrolera en esta importante zona del país. Referente a lo ocurrido en el pozo La Lizama, Acipet reitera el ofrecimiento público para realizar un análisis técnico y a profundidad de lo ocurrido, después de que se terminen las actividades de control y taponamiento definitivo, con el objetivo de generar información veraz, objetiva y científica de lo ocurrido, como una oportunidad de mejora con los resultados de la evaluación. Para 2018 se espera una inversión en el sector cercana a los USD$6.000 millones, sin embargo, los efectos de la coyuntura electoral vienen frenado la inversión debido a la preocupación de lo que podría ser el resultado final de la contienda política. Lo anterior se refleja en la ronda Sinú-San Jacinto donde esta semana infortunadamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos tuvo que posponer la asignación, pues las 6 compañías precalificadas para adquirir los 15 bloques ofertados, manifestaron no estar en condiciones de realizar inversiones dado el panorama actual del país. Debemos aprovechar las posibilidades que Colombia aún tiene para desarrollar la industria petrolera, de la mano de una transición energética y productiva responsable, basada en la eficiencia, la confiabilidad y la neutralidad tecnológica y siendo transparentes con la información que se les entrega a los colombianos, sin prometer que el país puede vivir de las energías renovables en el corto plazo, mientras el petróleo y los hidrocarburos pueden aportar de forma importante al desarrollo sostenible de todos los colombianos. En un país sin petróleo, perdemos todos.